COMBATIR LA CORRUPCION EN LOS ORGANOS DE JUSTICIA.
Por Juan José Chalico Ruiz
Es tiempo de modernizar y abrir a la sociedad las instituciones de la materia para alcanzar un verdadero estado de Derecho, a través de la integración de una Comisaría Ciudadana para Apoyo a la Justicia.
Sólo así podrá combatirse la impunidad, ésa a la que se llega solamente a través de la corrupción.
La Comisaría Ciudadana, con el auxilio de las visitadurías institucionales y de los Consejos de Judicatura respectivos, sería el encargado de observar no sólo las actividades de la Suprema Corte a nivel Federal, sino principalmente de estar atentos a todos los tribunales y funcionarios judiciales del sistema correspondiente.
Así, se crearían Comisarías Ciudadanas, con gobernados de cada entidad para atender el sistema del orden común o local.
Para que la sociedad esté debidamente representada, dichos órganos ciudadanos se integrarían mediante una insaculación -cada dos años- de representantes de colegios de abogados, despachos, litigantes independientes, universidades y técnicos relacionados con la integración ministerial de los casos, así como de los procesos jurisdiccionales, como peritos y organizaciones no gubernamentales interesadas.
Estos cuerpos colegiados podrían opinar sobre la necesidad de amonestación escrita; suspensión o hasta destitución y cese de quienes incumplan con su labor de impartición de justicia, así como de los probables actos de corrupción.
Es necesario no obstante que, como ya ocurre en el ámbito federal, se cuente en la totalidad de los estados, con un Consejo de la Judicatura local; se emita una ley del servicio judicial de carrera y se otorgue independencia a dichos Consejos de la Judicatura en los que en las actividades sobre sanciones y servicio judicial de carrera, se otorgue participación con derecho de opinión fundada, a las Comisarias Ciudadanas de su jurisdicción.
Las Comisaría Ciudadana para Apoyo a la Justicia Federal, independientemente de los reportes que estimara publicar sobre sus actividades, emitiría un informe anual público ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN, en tanto que las Comisarías Estatales lo harán ante el Presidente del Tribunal Superior del Estado que les corresponda, el cual debería ser respondido en un plazo no mayor de tres meses en torno a las recomendaciones que se propongan.
Esta sería la forma de cumplir con uno de los anhelos populares más demandados desde la gestación de la lucha por la independencia mexicana: garantizar justicia para el pueblo, frenando los actos abusivos de poder.
En ese marco surgió el apotegma guía de Don José María Morelos y Pavón, pronunciado en la víspera de la instalación del Congreso de Chilpancingo: “… que todo aquél que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario”.
El ideal de Morelos encontró su primer espacio en el Tribunal Supremo Mexicano instalado hace 200 años, en el pequeño pueblo tarasco que Fray Juan Bautista Moya, nombró como Ario de Santiago, hoy Ario de Rosales, en Michoacán.
Hasta la fecha, la SCJN considera al tribunal de Ario como su origen histórico que representa hasta hoy la primera respuesta mexicana a una demanda de la población aún pendiente: una justicia imparcial, oportuna, gratuita y expedita, o al menos, una justicia para todos por igual. De aquí la importancia de la participación de la sociedad.
Para ello tendrá que partirse de seleccionar detenidamente el ingreso de los juristas desde juez hasta magistrados y ministros, así como cerrar el paso a cualquier clase de corrupción y su consecuencia inmediata, la impunidad.
Juan José Chalico Ruiz, abogado posgraduado, conferencista, excolaborador del Sol de León, Gto. juanjo0706@hotmail.com
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