Los servidores públicos deben acatar la ley ante proceso electoral: Pacheco Pulido
Puebla, Puebla. - Al refrendar su compromiso de fortalecer la democracia, el gobernador Guillermo Pacheco Pulido, a través de la Secretaría General de Gobierno (SGG), instruyó nuevamente a los titulares de las dependencias estatales y a los servidores a no hacer uso de ningún recurso público, bien mueble o inmueble, ante el inicio de la campaña electoral y la celebración de la jornada comicial del 2 de junio.
En este sentido, el Secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, envió un oficio donde reiteró el compromiso de la administración estatal con un proceso electoral apegado a derecho. Asimismo, enfatizó que de acuerdo a la Ley General de Instituto y Procedimientos Electorales, durante el período electoral sólo se puede difundir, bajo cualquier modalidad de comunicación, propaganda relativa a los servicios educativos, de salud y de protección civil en caso de emergencia.
Manzanilla Prieto reiteró la obligación que tienen los servidores públicos de observar las disposiciones constitucionales y legales en materia de responsabilidades administrativas; uso adecuado de los recursos públicos y la debida ejecución de los programas sociales.
"La inobservancia de las anteriores disposiciones puede resultar en la comisión de delitos sancionados en términos del artículo 11 de la Ley General en materia de Delitos Electorales", apuntó.
Cabe destacar que en los artículos 79, 81, 82, 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, 3, 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, señalan la obligación que tiene todo servidor de aplicar con imparcialidad los recursos públicos bajo su responsabilidad.
Ante esto, el gobernador Pacheco Pulido exhortó a los funcionarios estatales a dar seguimiento al debido cumplimiento de las medidas marcadas, conducirse con imparcialidad, abstenerse de cualquier conducta incorrecta, además de denunciar ante las autoridades competentes cualquier falta administrativa o delito vinculado al proceso electoral.
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