Þ En Comisión de Bienestar, diputados aprueban exhorto a los municipios para garantizar derechos básicos de la población y grupos vulnerables
Þ Exhorto a la PROFECO, a realizar convenios con los municipios para que se apoye en denunciar los lugares, prestadores de servicios, proveedores y comercios que de manera abusiva incrementen los precios de productos
Integrantes de la Comisión de Bienestar de la LX Legislatura, en sesión virtual, acordaron exhortar a los 217 ayuntamientos del estado de Puebla, para la conformación de un plan estratégico que permita a través de Comités Municipales, coadyuvar con las autoridades estatales y federales para el cumplimiento de las medidas de mitigación para la propagación del coronavirus en la entidad.
De la misma forma, exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor, a realizar convenios con los municipios para que se apoye en denunciar los lugares, prestadores de servicios, proveedores y comercios que de manera abusiva incrementen los precios de productos de primera necesidad y canasta básica.
La diputada presidenta de la Comisión de Bienestar, Tonantzin Fernández Díaz, dio cuenta de la iniciativa en la que se acuerda exhortar a las autoridades municipales para prestar el apoyo para fomentar la sanitización de mercados y espacios públicos, colocación de módulos despachadores de gel antibacterial, así como lava manos y reforzar la acción sanitaria con la utilización de termómetros electrónicos, el uso de cubre boca y lentes.
Además, apoyar a personas de la tercera edad y grupos vulnerables, mujeres embarazadas, personas con orientación sexual diversa, con la ayuda necesaria y alimentos, por la emergencia sanitaria y que hayan visto afectada su economía ó perdido su empleo, siendo ésta la causa de la falta de alimentos y servicios como: agua potable, energía eléctrica, atención médica y seguridad a mujeres víctimas de violencia de género e intrafamiliar con el objetivo de garantizar sus derechos humanos por el confinamiento.
De la misma forma, exhortar a los ayuntamientos a realizar convenios con la Procuraduría Federal del Consumidor y coadyuvar en las supervisiones de verificación de productos para evitar la alteración de precios en los artículos de primera necesidad y canasta básica, por parte de proveedores, prestadores de servicios y comercios.
En el desarrollo de los trabajos de la sesión virtual, la diputada María del Carmen Saavedra solicitó no escatimar los recursos necesarios para el combate de la propagación de Covid-19. Lamentó que la población esté mostrando escepticismo ante la enfermedad e indiferencia en las medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias, de tal manera que se debe de buscar concientizar más a la población.
En el análisis de la propuesta, la diputada Paola Ruíz García consideró importante la implementación de estrategias y políticas públicas que garanticen la salud de los ciudadanos en lo que se otorgue los recursos y herramientas necesarias para el cumplimiento de las metas.
En otro momento de la sesión, el diputado Gerardo Islas Maldonado señaló que el estado de Puebla está pasando por momentos difíciles, en los que ha demostrado estar a la altura de una pandemia que aqueja a nivel global, pero lamentó que la población no esté mostrando unidad con las autoridades y no respeta las medidas de prevención para evitar el contagio.
En tanto, el diputado Miguel Trujillo de Ita solicitó a las y los integrantes de la Comisión incluir en el exhorto a los municipios, se pueda hacer la recomendación para que en las poblaciones y juntas auxiliares se puedan tomar medidas para que el comercio informal deje de operar o en su caso impulse las medidas de prevención de uso de cubre boca y sana distancia, además del uso de gel antibacterial.
Por su parte, la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval, se pronunció por garantizar la preservación básica de los derechos de la salud, alimentación y la seguridad para evitar el contagio del coronavirus.
Finalmente, la legisladora Liliana Luna se pronunció por que, en el exhorto a los 217 municipios, se les recomiende habilitar albergues o casas de protección para las mujeres víctimas de violencia familiar o género motivada por el confinamiento obligado por la emergencia sanitaria.
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