Ante represión policiaca en Cancún, CNDH “sugiere” que la policía sólo use la fuerza estrictamente necesaria contra manifestantes.
Þ Resultaron heridos, entre otros, comunicadores de Radio Turquesa y La Verdad
Þ Ante demandas de afectados, la Comisión Nacional anuncia su intervención.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reprobó la represión policiaca contra los manifestantes que protestaban contra los feminicidios, la noche de ayer, 9 de noviembre, en las inmediaciones del Palacio Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo.
Los elementos policiales agredieron a balazos a manifestantes que se pronunciaban contra los feminicidios y violencia de género en dicha alcaldía; el resultado de la represión fueron heridos por balas, los periodistas Reyna Cecilia Solís y Roberto Becerril, colaboradores de los medios locales Radio Turquesa y La Verdad, respectivamente.
Al respecto, el Organismo Autónomo, anunció que atenderá el caso ante la demanda de afectados.
Asimismo, informó la CNDH, en concordancia con el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, reitera que, en casos de manifestaciones o protestas sociales, los agentes estatales sólo pueden hacer uso de la fuerza estrictamente necesaria y con la finalidad de proteger a las personas presentes en la manifestación.
Asimismo, se ha señalado que para garantizar que se cumpla con dichos estándares los estados deben asegurar las medidas administrativas necesarias de control en manifestaciones públicas; circunstancia que, de no concretarse, incidiría negativamente y de manera grave en un pleno ejercicio al derecho a la libertad de expresión y manifestación, derechos indispensables en toda sociedad que se juzgue democrática.
En ese sentido, la Comisión Nacional urge al Estado mexicano a garantizar la concreción y efectividad en los mecanismos de control y revisión para la exclusión de Dirección General de Comunicación, la utilización de armas de fuego como dispositivo para dispersar manifestaciones públicas; advirtiendo que su utilización, de conformidad con los estándares supranacionales en la materia, únicamente podrá exceptuarse en aquellas oportunidades en que las instituciones policiales no puedan reducir o detener con medios menos letales a quienes amenazan la vida e integridad de otras personas, privilegiando la transparencia.
Asimismo por medio de su boletín de prensa, la CNDH manifiesta su preocupación ya que, sucesos como el descrito y dentro de un contexto nacional de crecientes y alarmantes agresiones y riesgos que enfrentan las personas comunicadoras, impactan severamente y de manera negativa en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de ellas y ellos, de cara a las múltiples y plurales manifestaciones que acompañan y documentan.
Por lo tanto, la CNDH recuerda que el derecho a la libertad de expresión y de manifestación constituyen los pilares fundamentales para el fortalecimiento de las sociedades democráticas, pues sólo una sociedad bien informada, participativa y observadora del desenvolvimiento de la “cosa pública” podrá participar activamente en la toma de decisiones y en los procesos de transparencia del ejercicio de la función estatal.
La obstaculización o limitación a cualquiera de tales derechos no solamente afecta de manera individual al periodista o comunicador al inhibir el ejercicio de su labor, sino también afecta a la sociedad, afectando la percepción de la seguridad colectiva y ocasionando a su vez un daño al tejido social.
Finalmente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace un llamado a las autoridades correspondientes para que se lleve a cabo una investigación objetiva, sin dilación, independiente, y seria, que evite la impunidad en el presente caso, analizando ampliamente el ejercicio de la fuerza pública por los elementos estatales responsables, así como en irrestricto apego a las líneas de indagación vinculada con la labor periodística de las presuntas víctimas del evento.
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