La senadora Martha Tagle llama a incluir a las trabajadoras del hogar en la Ley del IMSS; la senadora Angélica de la Peña precisa que no se requiere solo de voluntad para lograr los objetivos de desarrollo sostenible.
Amalia García, secretaria del Trabajo de la Ciudad de México, exhorta a ratificar el Convenio 189 de la OIT, relativo a los trabajadores domésticos.
Durante el foro “Las Mujeres y el Mundo del Trabajo”, la senadora independiente Martha Tagle Martínez destacó que trabajo del hogar, remunerado o no, es el que tiene peores condiciones en el país y en muchos casos “raya en la esclavitud”.
La legisladora llamó a revisar la posibilidad de incluir una condición específica para las trabajadoras del hogar en la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de brindarles, no solo acceso a los servicios de salud sino a todo lo que implica la seguridad social.
Al dictar la conferencia “Trabajo Decente y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible”, Tagle Martínez señaló que en la Constitución de la Ciudad de México se debe reconocer la economía de los cuidados, es decir, todo lo que las mujeres realizan “desde que nos despertamos”; el trabajo no remunerado.
Además, se refirió al trabajo sexual como política pública, y para que con relación a los objetivos de desarrollo sostenible, se identifique lo que pudiera tratarse como trabajo forzoso o incluso esclavitud
La senadora Tagle Martínez también subrayó que, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las desigualdades entre mujeres y hombres persisten en un gran número de sectores del mercado del trabajo mundial. Al respecto, indicó que la población en edad de trabajar en la Ciudad de México es de siete millones 108 mil 406 personas, de los cuales 47 por ciento son hombres y 53 por ciento son mujeres; en tanto que 30 por ciento de la población inactiva son hombres y 69 por ciento mujeres.
Por otra parte, la población económicamente activa es de: hombres, 57 por ciento y mujeres, 43 por ciento, con lo que se refleja que hay más mujeres en edad de trabajar pero que la brecha se abre en la población económicamente activa y ocupada.
La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, subrayó que seguimos como a principios del siglo pasado, donde “el derecho al trabajo sigue siendo un reto a lograr”, y ante ello, se tiene que concretar en los hechos este derecho.
Aunado a este factor, dijo, persiste la petición del examen de embarazo y la discriminación que padecen las mujeres cuando están embarazadas o en periodo de lactancia, tanto en instituciones privadas como gubernamentales, por lo que se trata de un problema más complejo.
Por ello, advirtió que es urgente aprobar los Convenios 156 y el 183 de la OIT, sobre trabajadores con responsabilidades familiares y protección a la maternidad, a fin de incidir en la resolución del problema, pues no se trata de que las mujeres salgan a trabajar y regresen a su casa a seguir trabajando, sino que se debe cambiar la cultura familiar, es decir, que las familias se transformen.
En este sentido, puntualizó que no basta con una opinión personal para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, sino que se tiene emplear como política de estado y de los gobiernos, sujeta a la evaluación y rediseño, para saber en qué se debe poner mayor atención.
Precisó que según el índice de discriminación laboral de 2012, en promedio las mujeres ganan 5 por ciento menos que los hombres, pero que al compararse con otras fuentes, como el Informe sobre Desarrollo Mundial también del 2012 “Igualdad de Género” que señala que la brecha es mucho más amplia y puede llegar incluso al 20 por ciento. Además, 40 por ciento de los participantes señalaron que la maternidad y tener mayores responsabilidades en el entorno familiar son los factores que más pueden reducir el crecimiento profesional de las mujeres que trabajan.
Al inaugurar el foro, la secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Amalia García Medina, advirtió que para el país es fundamental la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre las y los trabajadores domésticos.
Es un gran compromiso que México debe asumir y que ha sido ratificado por la mayor parte de los países de América Latina, argumentó.
Asimismo, destacó que al hablar de derechos laborales de los trabajadores domésticos, se debe poner en el centro los retos enormes que se tienen para que estos se cumplan y garanticen, pues se mantiene en un ámbito de oscuridad, situación propicia para que no se respeten.
El trabajo del hogar, aseguró, tiene un gran valor y debe ser remunerado; y puntualizó que las trabajadoras asalariadas del hogar tienen derechos humanos: a un trabajo digno, a capacitarse y a certificarse.
Al foro asistieron Jesús Alberto Almaguer Rocha, director general del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales; Jacqueline L’Hoist Tapia, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México; Gerardo Sauri, director ejecutivo de Apoyo a la Niñez y el Desarrollo Comunitario, en el DIF de la Ciudad de México; Juan Carlos Foncerrada Berúmen, director general del Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México; y Humberto Soto, oficial de Asuntos Sociales de la Unidad de Desarrollo Social de la Sede Subregional de CEPAL-ONU en México.
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