· Los estados y municipios no cuentan con la facultad para suspender derechos y garantías reconocidas en la Constitución.
Luego de que el presidente municipal de Tulcingo del Valle, Juan Manuel Rodríguez ordenara la aplicación de toque de queda a toda la población, la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició un oficio de queja por ser una decisión que pone en riesgo el ejercicio de los derechos humanos.
Como se recordará, el Ayuntamiento de ese municipio, por medio de sus redes oficiales dio a conocer sobre la implementación del toque de queda desde el 31 de marzo.
El presidente municipal señaló que la decisión fue tomada en Cabildo para que durante el tiempo que dure la contingencia, nadie podrá permanecer en la calle a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana.
Ante este hecho, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla inició una queja por la implementación de dicho toque de queda en el municipio de Tulcingo de Valle, por ser un hecho que pone en riesgo el ejercicio de los derechos humanos.
Los estados y municipios no cuentan con la facultad para restringir o suspender los derechos y garantías reconocidas en nuestra Constitución mexicana, por lo que implementar un toque de queda, derivada de la pandemia por coronavirus COVID-19, no solo trasgrede las leyes, sino también los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte.
La libertad de tránsito, señalada en el artículo 11 Constitucional, así como el ejercicio de otros derechos, solo puede ser limitada o restringida temporalmente por el Presidente de la República, y de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución, con aprobación de las dos Cámaras del Congreso y la revisión de oficio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ante tales circunstancias, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla inició de oficio una investigación por la implementación del toque de queda en el municipio de Tulcingo del Valle por ser una figura que podría vulnerar derechos humanos.
La CDH Puebla hace un llamado a todas las autoridades a respetar las medidas oficiales implementadas para minimizar los riesgos de contagio por el virus COVID-19, a actuar dentro del marco de la ley y a respetar y privilegiar en todo momento los derechos humanos de las y los poblanos.
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