Que Sistema Penal Acusatorio no sólo busque reparar daño, sino atender al imputado
Þ Hasta 60 por ciento de quienes ingresan por delitos menores tienen problemas de consumo de sustancias: Segob
Þ Uno de cada cuatros reos sufre de altercados dentro de las cárceles: Inegi
Expertos y funcionarios se pronunciaron por trabajar en la inclusión de medidas cautelares, dentro del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que no sólo busque reparar el daño, sino atender al imputado en caso de ser adicto a alguna sustancia; en la mayoría de casos delinquen para adquirir más psicoactivos.
La presidenta de la Comisión Especial de Salud Mental y Drogas, diputada Leticia Amparano Gamez (PAN), afirmó: buscar un modelo de justicia alterna y tratamiento para personas adictas responsables de delitos “no es inventar el hilo negro”, actualmente se aplican en diferentes entidades del país diversos programas que han funcionado.
Al Clausurar el foro “Programa de Justicia Terapéutica para personas con consumo de sustancias psicoactivas. Actualidad y retos para su progreso en México”, llamó a atender las adicciones de manera humana y profesional, sin olvidar los derechos de las personas.
“Trabajamos desde la comisión en una iniciativa de Ley Integral de Salud Mental y una propuesta en adicciones para que no le cueste un peso al gobierno”, anunció.
Pidió laborar desde los diferentes Poderes, para llegar con una propuesta para la asignación del presupuesto que garantice la atención a adicciones.
José Antonio Gallegos, de la Dirección de Modelos de Información Gubernamental, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señaló que a nivel local en promedio de cada mil reos, 272 sufrieron actos de corrupción durante su arresto, 147 a su paso por el ministerio público; durante el proceso judicial, 58, y en el centro penitenciario 108.
Mientras que a nivel nacional, el promedio es de 393 por cada mil reos los que experimentaron la corrupción durante su proceso judicial, siendo Oaxaca, Estado de México, CDMX, Puebla, Tlaxcala y Tabasco, donde mayor número casos se presentaron. Entre los más comunes está exentar el pase de lista, con 66.4 por ciento; la posesión de aparatos electrónicos, con 50.2; cambiar de celda, con 42.4, y salir al patio de visitas, con 37.3, entre otros.
De este delito, el 87.4 por ciento lo cometen los custodios, 36.1 parte de los internos y 6.3 por el personal administrativo; sin embargo, el 94.2 por ciento de las personas privadas de la libertad no presentaron ninguna queja, en su mayoría por miedo a represalias.
Agregó que uno de cada 4 reos experimentó algún conflicto dentro del centro penitenciario, el 73 por ciento con sus compañeros de celda, otro 52 por ciento con custodios.
De ellos en el 65.7 de los casos fueron golpes; 23.6, heridas con algún tipo de arma y 22.3 daños materiales. “El 29.6 por ciento de internos fue víctima de robo de objetos personales, 24.6 de lesiones, 20.1 de extorsiones, 18.3 de amenazas, y el 5 por ciento de delitos sexuales”, alertó el funcionario.
La directora de Cooperación Internacional, de la Comisión Nacional contra las Adicciones, Berenice Santamaría González, afirmó que 60 por ciento de personas ingresadas al sistema de impartición de justicia por delitos menores tiene un problema de consumo de sustancias. “Las personas que por su adicción requieren de más sustancia se ven en la necesidad de cometer algún ilícito para poder comprarla”.
“La relación delito-droga responde a un esquema multicausal que no puede ser abordado de una manera simplista, no puede hablarse de que delinquen porque consumen o que consumen porque delinquen”, comentó.
Los factores son determinados por circunstancias sociales como familia, pobreza o trabajo. Planteó construir un esquema de política de salud social que incluyan temas de justicia y seguridad.
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