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Nuevo Sistema de Justicia Penal, ¿una puerta giratoria?

Imagen tomada de Efecto 10

        · Niegan que se haya liberado a personas en prisión preventiva por la sola entrada en vigor del nuevo sistema

 El nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio nació como respuesta a la necesidad de modernizar los modelos de procuración e impartición de justicia en nuestro país, y se logró a través de intenso trabajo de ambas cámaras del Congreso, destacó la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Sharon Cuenca Ayala.

Indicó que fue una profunda reforma constitucional que planteó el reto de incluir principios que hoy sustentan el andamiaje jurídico que garantiza los derechos de la ciudadanía. Era un cambio esperado por la sociedad, “y aunque su implementación no ha sido sencilla, debemos entenderla bajo un enfoque de derechos humanos”.

Destacó que hay avances en temas como la presunción de inocencia y el debido proceso; además, se atienden principios rectores de publicidad, inmediación, concentración y, por supuesto, oralidad.

Explicó que esos preceptos involucran totalmente a los jueces, a fin de que ellos conozcan a fondo los asuntos y que, públicamente, discutan sus argumentos frente a una audiencia. “Eso contribuye a dar certeza a la sociedad”.

También consideró necesario fortalecer las capacidades de investigación de las corporaciones y de los tres niveles de gobierno; impulsar el servicio profesional de carrera para policías y capacitar correctamente a elementos y Ministerios Públicos, a fin de que puedan integrar carpetas de investigación de forma adecuada.

Cuenca Ayala mencionó que igualmente es necesario reforzar los procesos de comunicación entre jueces y Ministerio Público, y homologar la tipificación de delitos en los estados como a nivel federal.

Por su parte César Camacho, coordinador de los diputados del PRI, afirmó que el nuevo Sistema de Justicia Penal se debe perfeccionar, y ese mejoramiento viene en quienes operan el sistema, más que en quienes hacen las leyes.

La llamada “puerta giratoria” (de las cárceles) que, se cree, fomenta la incidencia delictiva y argumentó que, de acuerdo con el Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2014, entre 2007 y 2014, cuando aún no entraba de manera cabal la reforma, dicha incidencia aumentó 634 por ciento.

Negó que se haya liberado a algunas personas en prisión preventiva por la sola entrada en vigor del nuevo sistema. La Corte resolvió que debían sujetarse al escrutinio judicial, señaló.

Precisó que, de acuerdo al Consejo de la Judicatura Federal, el 99 por ciento de los casos que llegan al juez, son de flagrancia y, en casi todas, se determina legal la detención, y en uno de cada cinco casos el Ministerio Público solicita la prisión preventiva, de los cuales se concede 75 por ciento.

Rechazó que se despoje a autoridades de herramientas para combatir el crimen, pero existe un catálogo de medidas cautelares como la prohibición de acercarse a las víctima, el uso de tecnología y el criterio de oportunidad. “Eso dio a la víctima el lugar que históricamente no había tenido”, enfatizó.

Agregó que la creación de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, es un gran acierto; actualmente, informó, está funcionando en cuando menos la mitad de los estados del país, y es una de las soluciones.

Entre sus propuestas, planteó establecer la reparación integral del daño. “La comisión de un delito demanda también la reparación integrada a las víctimas: rehabilitación, compensación; satisfacción, garantías de no repetición, indemnización individual, colectiva, material, moral y hasta simbólica”.

Además, eliminar el arraigo, que ha generado descrédito al Sistema de Justicia Penal y ha arrojado pocos y malos beneficios. “Quizá esto ayuda a evitar esta sensación de puerta giratoria”, puntualizó.

Subrayó que el reto más complejo es cultural, porque modificar el sistema en términos figurados, “es cambiar, hasta la manera de andar”, de los programas de derecho penal en las escuelas, la mentalidad de los operadores del sistema y de los abogados, para completar una defensa técnica profesional adecuada.