El actual diseño institucional de la Fiscalía General de la Nación, plasmado en la Constitución Política, no es capaz de proporcionar justicia a los mexicanos.
El Fiscal General nombrado, no debe haber desempeñado cargo o dirección en algún partido político por lo menos seis años previos a su nombramiento.
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) presentó una iniciativa que prevé la reforma de diversas disposiciones de la Constitución Política para la creación de la nueva Fiscalía General de la República.
Al presentar la iniciativa en la sesión de este miércoles, a nombre del grupo parlamentario, el senador Héctor Flores Ávalos sostuvo que el actual diseño institucional de la Fiscalía General de la Nación, plasmado en la Carta Magna, no es capaz de proporcionar la justicia a los mexicanos.
Por ello proponen que, entre los requisitos para su nombramiento, el Fiscal General no debe haber desempeñado cargo de dirección o representación en algún partido político, por lo menos en un periodo de seis años previos a su nombramiento.
En cuanto a la duración y remoción de dicho cargo, detalló que el Fiscal General debe cubrir su encargo hasta por siete años improrrogables; se establecen, además, candados a la remoción del Fiscal, pues dijo que si el nombramiento se hace a través de un ejercicio de colaboración, la remoción se debe hacer de la misma forma: se da un plazo de diez días para que el Senado resuelva, o de lo contrario se da por aceptada la solicitud de remoción que haga el Ejecutivo.
Respecto a las fiscalías especializadas, en la que incluyeron la de derechos humanos, la electoral y la de anticorrupción, el senador indicó que las tres fiscalías deben tener el mismo rango de importancia que el Fiscal General.
Subrayó que no hay razón para no considerarlo así, y sostuvo que la generalidad del Fiscal está en función de su competencia para conocer de cualquier materia, y la generalidad no es un tema de rango, sino de competencia.
También, detalló, se prevé la figura de la Inspectoría General, la cual funcionará como un órgano interno de control y se encargará de perseguir los delitos que comentan los servidores públicos adscritos a la Fiscalía.
Asimismo, añadió el senador Flores Ávalos, se establece la existencia de un Consejo Consultivo formado por cinco consejeros, que tendrán la facultad de opinar sobre la emisión de instrumentos normativos que regulen el funcionamiento de la Fiscalía General, e incluso proponer las políticas de profesionalización de los servidores públicos adscritos a esta Fiscalía.
Señaló que respecto a la duración, remoción y nombramiento de los nuevos cargos creados en el nuevo diseño institucional, los fiscales especializados se proponen sean nombrados por cinco años improrrogables, y que sean nombrados y removidos por el Senado. El procedimiento de remoción se realizará a solicitud del 33 por ciento de los integrantes del Senado.
Enfatizó que las reformas a la Fiscalía General de la República son una oportunidad histórica ante un México que lamentablemente ve que se levantan voces a favor de justicieros o de personas que al margen de la ley pretenden tomar la impartición de justicia en sus manos.
Indicó que es indispensable que el Estado mexicano tenga una respuesta clara y contundente, que parta de la idea de darle una autonomía eficaz, operativa a la Fiscalía General de la República como a las fiscalías especializadas.
Aseveró que el Estado mexicano y la percepción de la ciudadanía, en opinión del Grupo Parlamentario del PAN, sólo podrá cambiar y transformarse en la medida en que devolvamos la confianza a través del ejercicio y la procuración de justicia en manos de una Fiscalía lo suficientemente autónoma.
Es importante ser empáticos con los mexicanos que demandan un alto a la corrupción, y mandar una señal de que en México las instituciones pueden funcionar.
La propuesta del GPPAN prevén reformas a la fracción XIII del artículo 76; los párrafos segundo, tercero, las fracciones IV y V, los párrafos quinto, sexto y séptimo del Apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Reforma del Estado, Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda.
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