Senado, organizaciones médicas y civiles, analizan aspectos jurídicos para tipificar maltratos durante embarazo, parto y puerperio.
México registra una tasa de 46 por ciento de cesáreas, cuando la OMS apunta que no hay justificación para superar el 15 por ciento.
El Senado, con organizaciones médicas y civiles, analiza los aspectos jurídicos que sustenten una iniciativa para tipificar la violencia obstétrica como una violación de derechos humanos, en especial en cuanto a la amenaza a la vida.
Así se estableció en el Foro Salud Materna, un asunto de derechos humanos y salud pública, donde expertos expusieron aspectos que atentan contra el derecho de acceso a la salud, en cuanto a la falta de seguimiento al parto, negación de servicios, así como al sometimiento innecesario de intervenciones, como cesáreas.
El vicepresidente de la Mesa Directiva, César Octavio Pedroza Gaitán, reconoció que, aún con la reformas en materia de derechos humanos, en México no se ha logrado garantizar condiciones de equidad en el acceso a la salud, “quienes tenemos responsabilidad pública, lo debemos asumir a cabalidad”.
Estas deficiencias, refirió, es una de las causas de las graves asimetrías de las política públicas, donde hay sectores de la población que carecen de lo fundamental, por eso la violencia obstétrica debe tipificarse, pues el derecho a la vida y el acceso a la salud son la piedra angular de los derechos humanos.
El presidente de la Comisión de Salud, Salvador López Brito, destacó en su intervención que la iniciativa a conformarse debe tener un enfoque jurídico-legislativo, social, económico, y de forma imperativa debe atender el respeto a los derechos humanos de la mujer y sus hijos.
Es necesario también, enfatizó, emprender una campaña de sensibilización en y toda la población, pues cuando se habla de tortura hay claridad de que se refiere la violación de garantías; “sin embargo cuando se trata de problemas de violencia obstétrica, no se le asocia con temas de derechos humanos, de ahí la necesidad de empezar a posicionar estos actos como una situación de gran vulnerabilidad a los mismos derechos y que ponen en riesgo la vida de mujeres y del producto de la concepción”.
Lamentó que en México sean ya comunes los casos en que mujeres se les niega la atención médica durante el embarazo o parto, lo cual representa ya una de las causas principales causas de muerte materno-infantil.
A nivel mundial, expuso, mueren 15 mil 500 mujeres al año por causas relacionadas al embarazo y parto, lo que representa mil 400 fallecimientos, más de una muerte por minuto.
De dichos fallecimientos, 512 mil, más del 90 por ciento, se registra en los países menos desarrollados, como México.
Ante la vulnerabilidad que enfrentan las mujeres embarazadas, los “legisladores debemos reconocer que aún tenemos mucho trabajo pendiente en materia jurídica, pues es necesario adecuar las leyes” para garantizar una maternidad saludable, elegida y segura; la total cobertura a los servicios de salud sexual y reproductiva; que existan monitoreo, registro de productividad y calidad en la atención médica.
López Brito concluyó que “la muerte materna es una violación a los derechos humanos, así la debemos de ver, porque es evitable en la gran mayoría de los casos, es decir, son lamentables muertes innecesarias, y al ocurrir, se violenta el derecho de vida, a la salud y mejores condiciones de vida”.
La senadora Silva Leticia Martínez Elizondo, promotora del foro en mención, apuntó que aun cuando en 2014 se aprobaron las modificaciones a la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres y se declaró la Ley del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en estas no se consideró la violencia obstétrica y métodos alternos de parto.
En trabajos realizados con especialistas y organizaciones civiles, apuntó, la primera conclusión es que el primer paso a realizar es hacer visible las diversas problemáticas que presentan las mujeres en el embarazo, parto y puerperio.
“Es difícil de creer que en la actualidad, en el país liles de mujeres sean víctimas de maltrato físico y verbal en toda la etapa de gestación, trato irrespetuoso, e incluso obligadas a esterilizaciones o nacimientos por cesárea cuando no son indispensables, que atentan contra su dignidad y derechos”.
El objetivo del foro, subrayó, es lograr una visión más amplia, para determinar posibles y eficientes soluciones a los problemas que enfrentan las mujeres embarazadas.
La presidenta de la Asociación Mexicana de Partería, Cristina Alonso, consideró por su parte que para garantizar el respeto a los derechos humanos de las mujeres y sus hijos por y al nacer, s se debe integrar a las parteras al Sistema de Salud.
A nivel global, apuntó, se ha demostrado científicamente que la partería permite salvar vidas y proteger el parto fisiológico, fundamental para la seguridad de atención durante el parto, así como en el sano desarrollo de los infantes.
Empero, acotó, en México la tasa global de cesáreas es de 46 por ciento, cuando la OMS señala que no hay justificación para una tasa mayor al 15 por ciento, “es decir, muchas cirugías, catalogadas como de gran invasión, se aplican sin razón; además de que la mitad de los mexicanos nacen sin pasar por el ecosistema biológico emocional y físico que ocurre en el parto vaginal. Esto a la larga, generará una crisis de salud”.
Apuntó que en el país hay registradas oficialmente 450 parteras, desde tradicionales hasta las que laboran en el tercer nivel de atención médica, agregándose las autónomas que trabajan fuera del sistema.
Apuntó que se requieren de más parteras, pero para ello se requiere la promoción de más escuelas, pues actualmente sólo existen dos en todo el país.
En el foro participaron como moderadoras las senadoras Martha Tagle; Andrea García García y Sandra Luz García Guajardo.
