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PAN DENUNCIA ANTE LA FEPADE A FUNCIONARIOS DE PROSPERA  POR CONDICIONAR RECURSOS A FAVOR DE ALCALÁ

 ·         Funcionarios públicos federales violaron los artículos 7 y 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, al condicionar un programa federal para apoyar a la candidata del PRI, Blanca Alcalá Ruiz.

·         Se ofrece como prueba el testimonio de la persona que fue presionada con la entrega del programa.

 El Comité Directivo Estatal del PAN, encabezado por el Presidente, Jesús Giles Carmona interpuso una denuncia en contra de funcionarios públicos federales del programa PROSPERA ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República (PGR), por condicionar la entrega del programa federal a beneficiarias del municipio de Cuetzalan del Progreso,  a cambio de apoyar a la  candidata del PRI a la gubernatura del estado, Blanca Alcalá Ruiz, en el próximo proceso electoral.

 Es así que el Presidente del CDE, interpuso la demanda en contra de los funcionarios de PROSPERA Paula Hernández Olmos, Coordinadora Nacional; de Rafael Arroyo León, Enlace en el municipio de Cuetzalan del Progreso; de Graciela Juárez García, Delegada Estatal; de Edith González Pérez, promotora del programa en el municipio de Cuetzalan del Progreso; así como de la candidata Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz y del Partido Revolucionario Institucional, por violar los artículos 7 y 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

 Como parte del proceso, se ofrece como prueba el testimonio de la persona que fue presionada con la entrega del programa, quien sería citada a declarar en próximas fechas por la autoridad ministerial.

 Cabe destacar que el CDE del PAN decidió interponer dicha acusación, luego de que el pasado 21 de marzo se diera a conocer un audio en el que el servidor público del programa PROSPERA, Rafael Arroyo León, condicionó votos a  favor de Blanca Alcalá Ruiz, al solicitar a las beneficiadas reunir una cantidad determinada de personas para  promover el voto por la candidata del PRI.

 Las sanciones establecidas en los artículos 7 y 11 de dicha ley son hasta de nueve años de prisión al servidor público que amenace o condicione los programas sociales con fines políticos.