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CNDH llama a autoridades realizar acciones que garanticen respeto a derechos humanos de personas mayores en reclusión penitenciaria

          ¨ El Organismo Nacional también destaca la importancia de asegurar los derechos de todas las personas mayores y llama al Estado mexicano a ratificar la Convención Interamericana en la materia

En ocasión del Día Internacional de las Personas de Edad –1 de octubre—, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reitera su llamado a las autoridades del Estado mexicano a concluir el proceso de ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, para que el contenido de sus principios y disposiciones se incorpore a la normatividad nacional y se creen estructuras institucionales y procesos adecuados para garantizar su cumplimiento.

En este marco, la CNDH hace patente su preocupación por las condiciones y el trato que se les brinda a las Personas Mayores en los centros penitenciarios de la República Mexicana. Con el fin de que se realicen acciones afirmativas que garanticen el respeto a los derechos humanos de las personas mayores en reclusión penitenciaria, este Organismo Nacional ha señalado las condiciones de desventaja que subsisten para la atención de esta población en general, que se incrementa por el hecho de estar privados de la libertad y tener además algún tipo de padecimiento físico o mental.

Es así que, derivado del análisis de los resultados de los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria se reconoce la urgente necesidad de promover para todas las personas mayores el acceso a una vida digna durante el tiempo de su reclusión, ya que se ha observado significativas deficiencias en la atención de esta población, primordialmente en los rubros sobre estancia digna e integridad personal que se relaciona con la infraestructura adecuada para poder atender las necesidades de clasificación, ubicación y desplazamiento, programas de atención a la salud especializada acorde a su edad, situación física y psíquica, equipos de apoyo para poder moverse con independencia (andaderas, sillas de ruedas y bastones entre otros), así como de aquéllas condiciones que propician mayor vulnerabilidad y desventaja de este grupo con respecto a otros internos.

Además, se insiste sobre la pertinencia de la excarcelación tomando en cuenta argumentos humanitarios y disminución de riesgo social, así como el cumplimiento de programas de reinserción social efectivos.

En este informe la Comisión Nacional destaca las siguientes propuestas:

* Armonizar la normatividad existente para el reconocimiento de la protección a toda persona mayor de sesenta años ·

* Establecer en los centros penitenciarios un el registro que identifique las condiciones y necesidades específicas de atención para este grupo de población

* Promover programas que eviten su discriminación

* Prever los recursos presupuestales para la adecuación de infraestructura con base en estándares nacionales e internacionales que responda a las necesidades de las personas mayores.

Por otra parte, la CNDH advierte sobre la importancia de asegurar los derechos de todas las personas mayores, ya que de los más de 10 millones de 60 años y más en nuestro país (10.4% de los habitantes) las proyecciones del Consejo Nacional de Población indican que para el año 2050 habrá 36.5 millones de habitantes pertenecientes a ese grupo poblacional.

En atención de los mandatos constitucionales de observancia, protección y defensa de los derechos humanos, y los compromisos adquiridos con la suscripción de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, la CNDH subraya el deber de las autoridades mexicanas de corregir desigualdades y eliminar obstáculos que impiden a las actuales generaciones de personas mayores acceder a condiciones de vida digna, así como desarrollar estrategias para prevenir que las y los jóvenes vean comprometido su futuro a causa de la pobreza, injusticia, exclusión o falta de oportunidades en los entornos familiar, comunitario o social.

Para ello, la Comisión Nacional destaca la importancia de establecer un marco jurídico apropiado que fundamente la actuación del Estado en las disposiciones de la Convención referida que reconoce, entre otros, los derechos a la vejez digna; a la independencia en la toma de decisiones; a la participación e integración en la comunidad, y al acceso a la justicia.

También, los derechos a otorgar el consentimiento en el ámbito de la salud (incluyendo la voluntad anticipada); a un sistema de cuidados a largo plazo; a la libertad de expresión; al trabajo sin discriminación; a un envejecimiento saludable; a una atención integral de la salud (incluyendo la salud sexual), y a medidas efectivas para garantizar sus derechos políticos.

Con la entrada en vigor de la Convención, las autoridades quedarán obligadas a armonizar la legislación nacional con su contenido en todos los niveles de gobierno; expedir las normas secundarias que establezcan los mecanismos para garantizar su satisfacción, y exigir su cumplimiento, restitución y acceso a una reparación del daño efectiva.

Además, deberán implementar políticas públicas integrales que atiendan los principios de dignidad de la persona mayor, independencia, protagonismo y autonomía; participación, integración e inclusión plena en la sociedad, la autorrealización; la igualdad de género y los enfoques de curso de vida para el goce efectivo de sus derechos.

Conforme a las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 2017 residen en el país 12 973 411 personas de 60 y más años (53.9% mujeres y 46.1% hombres). Datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016, señalan que en el país hay 33.5 millones de hogares de los cuales, en el 30.1% de estos reside al menos una persona de 60 y más años.

Esa encuesta también evidenció que, en el 53.7% de hogares en que viven personas mayores, se realizan gastos para la atención a su salud, la cual puede ser de tipo ambulatoria, hospitalaria o para la compra de medicinas.

De igual forma, mostró que, durante el primer trimestre de 2017, la tasa total de participación económica de la población de 60 y más años fue de 33.9%; de ese porcentaje, 50.9% fueron hombres y 19.6 % mujeres.

De acuerdo al sector laboral, se encontró que 73.2% trabaja en el sector informal mientras que sólo 37.8% cuenta con empleo formal; no obstante, en este último rubro se advirtió que el 60.8% no tiene acceso a instituciones de salud; 61.8% labora sin tener un contrato escrito y 47.7% no cuenta con prestaciones laborales.

Asimismo, conforme a los datos de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) de 2013, una cuarta parte (26.1%) de personas mayores se encuentran pensionadas. De estos, 40.9% son por jubilación, 33.9% por retiro o vejez, 17.5% por viudez y 3.6% por accidente o enfermedad de trabajo.

El Informe Especial ha sido debidamente notificado a la Gobernadora y Gobernadores de los Estados, al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, al Comisionado Nacional de Seguridad, a los Secretarios de Educación, Salud y a la Titular del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y puede ser consultado de manera íntegra en la página www.cndh.org.mx.