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Con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones, Cámara de Diputados aprueba Ley de Seguridad Interior.

            Þ Ernestina Godoy Ramos, de Morena, se manifestó en contra del dictamen, pues consideró que avala la militarización del país y otorga autonomía a las Fuerzas Armadas en tareas que son materia de seguridad

           Þ El dictamen es un atentado a la Constitución y al marco normativo que nos rige

La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones, el dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior, cuya finalidad es regular la función del Estado para preservarla, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios, con el fin de aplicarla.

Para la discusión en lo particular, se reservaron de los numerales uno al 34, así como los Artículos Transitorios Segundo, Tercero y Cuarto. El PAN reservó 4; PRD, 52; Morena, 34; MC, 10 y el PES, uno, para hacer un total de 101 reservas que serían presentadas por 44 oradores (4 del PAN; 22 del PRD; 11 de Morena; 6 de MC y uno del PES).

En la fundamentación, la presidenta de la Comisión de Gobernación, diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), señaló que hoy se regula la participación de las Fuerzas Federales y las Armadas en las tareas de defensa y preservación de la seguridad y la paz al interior del territorio nacional.

Representa, dijo, una respuesta idónea a los nuevos y complejos escenarios de inseguridad por los que atraviesa la nación, que ponen en riesgo a las personas y a las instituciones que conforman el Estado.

Este nuevo ordenamiento es complementario a la Ley de Seguridad Nacional, ya que regula los supuestos en los que las amenazas a la seguridad nacional tienen su origen dentro del país, “mediante el establecimiento de protocolos claros y expeditos”.

“Ese es el motivo de fondo para legislar la seguridad interior en un instrumento distinto a la Ley de Seguridad Nacional, ya que no solo se trata de erradicar las amenazas, sino de hacerlo respetando los derechos humanos y las garantías consagradas en la Constitución. La aplicación de esta ley corresponde a las fuerzas estatales, federales y, cuando la gravedad de la situación lo amerite y como último recurso del Estado, a las Armadas”, añadió.

Guillén Vicente expuso que toda intervención de Fuerzas Federales y Armadas estará sujeta a una temporalidad específica que no excederá un año, y únicamente podrá modificarse o prorrogarse por acuerdo del Presidente de la República si subsisten las amenazas a la seguridad interior que la motivaron y se justifique la continuidad de las acciones de seguridad interior.

Esta situación, explicó, deberá notificarse a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional de este Congreso y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas en las que se realicen estas acciones.

Añadió que elegir un mecanismo distinto en las circunstancias actuales sería negar la realidad de México y la urgencia de dotar a la población de seguridad, así como suspender los derechos humanos y las garantías establecidas en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte, para entrar en un Estado de excepción.

“Sería militarizar al país mediante la aplicación del artículo 29 constitucional, lo que esta ley no hace de manera alguna. Esta ley no militariza al país, ya que no limita ni mucho menos tolera la violación de los derechos humanos y sus garantías. Por el contrario, las autoridades que colaboren en el mantenimiento de la paz y el orden público al interior deberán, en todo momento y sin excepción, respetar de manera irrestricta los derechos humanos”, aclaró.

La diputada Mercedes del Carmen Guillén puntualizó que toda vez que es obligación del Estado mexicano en su conjunto proporcionar seguridad a la población y salvaguardar la permanencia de sus instituciones, esta ley señala que la actuación de las autoridades se realizará en un marco de corresponsabilidad.

Indicó que el incumplimiento a las obligaciones de esta ley será sancionado conforme a los sistemas de responsabilidades y anticorrupción, contemplados en los artículos 109 y 113 de la Constitución Política, para garantizar el equilibrio entre Poderes y la rendición de cuentas.

José Clemente Castañeda Hoeflich, diputado de MC, expresó que este ordenamiento no sirve para regular la presencia de la Fuerzas Armadas en la calle, y va más allá, “deja un amplio margen de discrecionalidad para activar los protocolos de seguridad interior; genera una ausencia total de controles y contrapesos institucionales para el uso de poder; hay un esquema de opacidad absoluta y de falta de rendición de cuentas; provoca incentivos para que las entidades federativas caigan en la pasividad y no mejoren sus instituciones de seguridad y sus capacidades institucionales para atender el problema”.

Argumentó que con esta Ley de Seguridad Interior simplemente se legisla y se prolonga una situación que de facto ha sucedido en el país durante los últimos años. “Esta Legislatura nada está haciendo para fortalecer a las policías de los tres órdenes de gobierno, nada está haciendo para garantizar la plena autonomía del sistema de procuración de justicia y nada está haciendo para acabar con el ciclo de violaciones a los derechos humanos. Nada está haciendo para implementar soluciones duraderas que enfrenten la crisis de inseguridad y de violencia”.

Ernestina Godoy Ramos, diputada de Morena, se manifestó en contra del dictamen, pues consideró que avala la militarización del país y otorga autonomía a las Fuerzas Armadas en tareas que son materia de seguridad pública. “No podemos soslayar lo señalado por diversas organizaciones internacionales y nacionales, que refieren que esta norma va en contra de tratados internacionales.

Estimó que se legisla para la permanencia de las fuerzas castrenses y se otorgan facultades discrecionales al Ejecutivo, quien es responsable directo de las acciones que realiza el Ejército. “Esta ley es la repetición de errores de una guerra iniciada en el sexenio pasado y demuestra incapacidad para fortalecer a las corporaciones de nivel local”.

Por el PRD, el diputado Rafael Hernández Soriano dijo que el dictamen es un atentado a la Constitución y al marco normativo que nos rige; muestra de ellos, apuntó, es que tiene la oposición de alrededor de 250 organizaciones civiles. “Nosotros reconocemos la actuación de Ejército, pero el grupo mayoritario engaña al decir que con esta ley se les apoya”.

Avalar la ley no sólo no resolverá el grave problema de inseguridad que vive el país, sino que compromete el Estado de derecho y violenta el régimen federalista y su célula fundamental: el municipio libre. Además, sostuvo, no aporta nada nuevo, sino que revuelve conceptos con la Ley de Seguridad Nacional, y no establece mecanismos de control de quienes ejercen el mando hacia las instituciones militares.

El diputado del PAN, Jorge Triana Tena, afirmó que las Fuerzas Armadas cuentan con todo nuestro respeto y agradecimiento, pero no están preparadas para hacer labores policiales. El dictamen ha tenido poco tiempo de socialización y análisis, además hace oídos sordos a las recomendaciones de la ONU y otras organizaciones no gubernamentales.