jueves, 25 de agosto de 2016

Realiza IPM mesas de trabajo sobre armonización legislativa a favor de mujeres poblanas
• Para eliminar principios discriminatorios en los códigos civil y penal.
Con el objetivo de impulsar el proceso de armonización legislativa en los Códigos Civil y Penal del Estado de Puebla, se llevaron a cabo mesas de trabajo para la eliminación de principios discriminatorios y estereotipos de género que impiden garantizar los Derechos Humanos de las mujeres en el Instituto Poblano de las Mujeres.
La Titular del IPM, Verónica Sobrado Rodríguez, refirió que las mesas de trabajo son resultado de las propuestas que el Instituto Nacional de las Mujeres, en conjunto con ONU Mujeres, ha realizado al Gobierno Estatal, así como de sexta recomendación que contiene el Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Puebla.
“El tema de la armonización legislativa es crucial para el adelanto de las mujeres, si bien hemos avanzado mucho y lo reconoce la Federación, aún hay mucho camino por recorrer, por lo que debemos contribuir a que nuestras leyes cuenten con los elementos necesarios para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección de sus Derechos Humanos”, recalcó Sobrado Rodríguez.
En las mesas de trabajo participan las y los enlaces jurídicos de 20 dependencias del Gobierno del Estado, quienes desarrollarán las propuestas legislativas para impulsar las modificaciones en la Ley de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Familiar del Estado de Puebla, la Ley de Acceso Local, así como en los Códigos Civil y Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla para continuar con los avances en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Finalmente, la Directora General del Instituto Poblano de las Mujeres señaló que una vez desarrolladas las propuestas, se realizará el análisis de las mismas como un trabajo conjunto entre la Comisión de Igualdad de Género del H. Congreso del Estado de Puebla, el H. Tribunal Superior de Justicia, la Consejería Jurídica de la Secretaría General del Gobierno y el IPM.


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