Þ Alejandro Armenta destacó que el Poder Ejecutivo tiene derecho a organizar su administración para vincular los programas previstos de combate a la pobreza.
Þ Dicha figura garantizará la aplicación de recursos en programas para las clases más necesitadas.
La Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal rechazó un punto de acuerdo en contra de la designación de coordinadores estatales en el próximo gobierno, que en septiembre presentó el senador Ángel García Yáñez, del PRI.
En sesión extraordinaria, el presidente de la comisión, senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, explicó que el proponente argumentaba que la figura de dichos delegados estatales va en contra del principio de federalismo y la soberanía de cada entidad.
Agregó que García Yáñez también había propuesto un exhorto a la Conferencia Nacional de Gobernadores para que se pronunciara en favor del federalismo y, en conjunto con el Senado, organizara foros de consulta para analizar la pertinencia respecto de la figura de los coordinadores estatales anunciada por el Presidente electo.
Al rechazarlo, la senadora Eva Eugenia Galaz Caletti, de Morena, apuntó que los coordinadores del nuevo gobierno permitirán combatir la corrupción, pues habrá un control para que los recursos federales se destinen, en términos reales, a los programas en favor de las clases más necesitadas
La senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, de Morena, afirmó que el federalismo mantendrá vigencia y no se concederá concentración de poder a dichos coordinadores. La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, aprobada ayer en la Cámara de Diputados, señala que aquellos dependerán de la Secretaría de Bienestar Social.
La senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del PAN, por su parte, consideró que no es necesario crear nuevas figuras en la administración pública para garantizar la correcta aplicación de recursos, sino fortalecer herramientas con las que ya se cuenta, como el Sistema Nacional Anticorrupción.
El senador Alejandro Armenta Mier ratificó la postura de Morena, al subrayar que el Poder Ejecutivo tiene derecho a organizar su administración, para vincular los programas previstos de combate a la pobreza y crecimiento económico, con orden y transparencia.
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