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En el Senado discutirán sistema de pensiones, copiado a Pinochet, que perjudica a los trabajadores

          · Las Afores invierten el dinero de los trabajadores y les cobran una comisión por las transacciones y otras cuotas.

· Los patrones y el gobierno no ponen un peso.

Académicos, dirigentes sindicales y exdiputados federales que participaron en la reforma de pensiones del Seguro Social de 1995, debatirán en el Senado posibles soluciones que enfrenta el sistema de pensiones en México, durante la quinta edición de la Semana de la Seguridad Social. Este sistema de pensiones fue adoptado en Chile durante la dictadura de Pinochet.

Uno de los temas de mayor preocupación para los trabajadores son las pensiones laborales por los pésimos resultados obtenidos de las reformas de pensiones del IMSS de 1997 y del ISSSTE de 2007.

Debatirán la experiencia de México en relación con las reformas hechas en los años 80s y 90s en Uruguay, Colombia, Perú y Brasil y las re-reformas de Argentina y Chile que buscaban resolver los problemas de financiamiento y “mejorar” las pensiones de los trabajadores.

Chile fue el pionero de este sistema de pensiones, poniendo en marcha un nuevo sistema de capitalización individual gestionado por Administradoras de Fondo de Pensiones Privadas AFPs, en México conocidas como Afores.

Este sistema de pensiones es una de las herencias y de los cerrojos que dejó la dictadura de Pinochet en ese país, adoptado en México. En este modelo, la mayoría de la gente debe seguir trabajando aún después de su edad de jubilación mientras las empresas privadas obtienen enormes ganancias invirtiendo los ahorros de seguridad social de los trabajadores.

 Este inmoral mecanismo del uso de los dineros de los trabajadores para su pensión, durante 36 años, ha entrado en una profunda crisis, ocasionada por demandas de millones de trabajadores y pensionados chilenos, debido a las bajas pensiones que generó.

Bajo este sistema de pensiones privatizado, que el presidente George W. Bush llamó un ejemplo a seguir, los trabajadores deben destinar el 10 por ciento de sus ingresos a cuentas individuales administradas por empresas privadas conocidas como Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Las administradoras invierten el dinero y les cobran a los trabajadores una comisión por las transacciones y otras cuotas. Los empleadores y el gobierno no contribuyen a las cuentas de los trabajadores.