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Ante agresiones a periodistas, burlonamente PGR ofrece chalecos antibalas y ayuda sicológica.

          · Las políticas de prevención y de procuración de justicia del gobierno de la República son ineficaces e ineficientes

        · No detienen a los autores intelectuales de las amenazas, esperan que estas se cumplan.

         · A ningún periodista le sirve apretar un botón de alarma, lo que necesita son medidas de protección para desarrollar su trabajo: Dip. María Candelaria

        · Tres resultados de ciento y tantos casos no es nada. El problema es la impunidad para encontrar a los autores materiales e intelectuales de las agresiones a periodistas: Dip. Exaltación González.

Desde la creación en 2010, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) ha atraído 48 casos, de los cuales sólo se han logrado tres sentencias, informó Sara Irene Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR.

 En reunión con la Comisión Especial del Congreso federal, para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, la funcionaria sostuvo que la FEADLE ha tenido conocimiento de 114 homicidios de periodistas ocurridos desde el 2000 hasta el pasado mes de febrero integrando 42 expedientes, 32 averiguaciones previas y 10 carpetas de investigación en los que el móvil principal derivó del ejercicio de la actividad periodística de las víctimas.

 Ricardo Celso Nájera Herrera, titular de la FEADLE, afirmó que en los casos de los periodistas Miroslava Breach, del periódico “La Jornada”; Ricardo Monlui, director del portal “El Político de Xalapa”, y Cecilio Pineda Birto, director del diario “La Voz de la Tierra Caliente”, se trabaja con el apoyo de todas las instituciones, es decir, servicios periciales, policía de investigación y el personal necesario para multiplicar las capacidades y obtener un resultado en el menor tiempo posible.

 La presidenta de la Comisión Especial, Brenda Velázquez Valdez (PAN), mencionó que con cuatro asesinatos vinculados con el ejercicio de la libertad de expresión, tan sólo en el mes de marzo, es claro que las políticas de prevención y de procuración de justicia del gobierno de la República son ineficaces e ineficientes.

 La realidad ha superado el marco normativo, por lo que conminó a las comisiones a analizar con prontitud las iniciativas que tienen en sus manos para buscar mejorar el escenario de prevención y protección al periodista.

 Ante la situación de violencia contra periodistas y la libertad de expresión, “hago un llamado al secretario de Gobernación para que garantice la seguridad de los comunicadores y a la Procuraduría General de la República para que se castigue a los responsables, indicó.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (Movimiento Ciudadano) señaló que “a ningún periodista le sirve apretar un botón de alarma, lo que necesita son medidas de protección para desarrollar su trabajo”. 

“Tres resultados de ciento y tantos casos no es nada”, aseguró el diputado del PAN Exaltación González. El problema es la impunidad para encontrar a los autores materiales e intelectuales de las agresiones a periodistas, llámese asesinatos, ataques a la integridad física o materiales, porque también se agreden sus instalaciones y son casos que siguen sin resolverse.

PGR OFRECE COMO SOLUCIÓN, OTORGAR CHALECOS ANTIBALA Y ASISTENCIA SICOÓGICA.

Sara Irene Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, detalló que en los últimos años se ha presentado una situación de inseguridad grave para quienes ejercen la libertad de expresión en México, en especial para los periodistas.

 Agregó que de los delitos que conoce la FEADLE desde su creación hasta la fecha, son 368 expedientes por amenaza, 159 por abuso de autoridad, 70 por lesiones, 70 por robo, 66 por homicidio, 55 por privación ilegal de libertad y 48 por daño en propiedad ajena.

Explicó que las medidas de protección consisten, principalmente, en la asignación de números telefónicos de contacto de atención del grupo inmediato en seguridad pública, los rondines domiciliarios, asignación de escoltas, entrega de chalecos antibalas, asistencia médica y psicológica y la protección de los inmuebles.