Detecta INE financiamiento “irregular” de Jaime Rodríguez (a) El Bronco por 12.8 millones de pesos.
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| Imagen tomada de la revista proceso |
Þ INE encontró que 652 servidores públicos de 29 dependencias de la Administración Pública del Estado de Nuevo León, trabajaron como auxiliares, en horarios laborales, en la recopilación de firmas para la obtención de apoyo ciudadano.
Þ Por este hecho se impuso una multa de 377 mil 72 pesos.
Þ Hay actores en estas contiendas que apuestan a la simulación o al ocultamiento de operaciones, pero el INE ejercerá a cabalidad sus atribuciones fiscalizadoras: Lorenzo Córdova Vianello
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió por unanimidad tres procedimientos de queja en materia de fiscalización durante la etapa de apoyo ciudadano, en contra del candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, ya que acreditó financiamiento irregular, triangulación de recursos y participación de servidores públicos.
La autoridad electoral le impuso tres multas que ascienden a un total de 739 mil pesos, al comprobar un financiamiento irregular por 12 millones 800 mil 329 pesos y acordó dar vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE; a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), por la probable comisión de un ilícito; al Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como a la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León.
El presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Ciro Murayama, explicó que el aspirante Rodríguez Calderón obtuvo el financiamiento irregular a partir de tres actos.
En el primero empleó a 652 personas, de las cuales se acreditó su calidad como servidores públicos de 29 dependencias de la Administración Pública del Estado de Nuevo León, quienes fungieron como auxiliares, en horarios laborales, en la recopilación de firmas para la obtención de apoyo ciudadano. Por este hecho se impuso una multa de 377 mil 72 pesos.
“Calculamos que se distrajeron recursos públicos en una suma de cuatro mil pesos por auxiliar; de ahí que el monto de recursos utilizados de manera ilícita en este proyecto es de dos millones 608 mil pesos”, precisó Murayama.
En un segundo acto se le impuso al aspirante independiente una sanción por 226 mil 243 pesos, por un monto involucrado de cuatro millones 494 mil pesos, ya que simuló recibir recursos legítimos de ciudadanos en la cuenta bancaria de la Asociación Civil “Viva la Independencia”. La autoridad acreditó que, aun siendo Gobernador de Nuevo León, recibió aportaciones en efectivo de diversos entes impedidos, mediante aportaciones de personas físicas en calidad de simpatizantes.
“Se trata de una triangulación para hacer parecer a los ciudadanos como legítimos aportantes, cuando en realidad el dinero provino de empresas con las que esos ciudadanos no tenían relación alguna”, señaló Murayama.
En este punto se dio vista al Servicio de Administración Tributaria, ya que los aportantes, las personas morales Dyjoma, SA de CV, y Comercializadora Zelcy, SA de CV, no cuentan con bienes muebles e inmuebles reportados y su domicilio fiscal se ubica en un mismo bien inmueble, a fin de que determine lo que a derecho proceda. También se da vista a la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León.
Por otra parte, se comprobó que mil 35 auxiliares recibieron pagos por la prestación de servicios para la recopilación de firmas de obtención de apoyo ciudadano, en favor del entonces aspirante Rodríguez Calderón por un total de seis millones 630 mil pesos, mediante “Tarjetas Saldazo Oxxo”, provenientes de transferencias de las empresas Piserra Construcciones, SA de CV, Grupo Comercial Gutren SA de CV, y Attar 2715 SC.
“En colaboración con la Banca, las empresas y con las autoridades financieras del país nos fue posible reconstruir el entramado completo, ya que la Unidad Técnica de Fiscalización pudo constatar que no existe evidencia de comprobantes fiscales digitales impresos emitidos por las personas morales a los auxiliares de Rodríguez Calderón, que justifiquen una relación de tipo laboral con los destinatarios de las transferencias de los recursos, otra vez dinero ilegal y ahora gasto oculto”, aseveró el Consejero Ciro Murayama.
El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, lamentó que haya actores en estas contiendas que apuestan a la simulación o al ocultamiento de operaciones; por lo que llamó a todos los candidatos a que cumplan escrupulosamente con sus obligaciones en materia de fiscalización.
Subrayó que en el desahogo de estos procedimientos “hay indicios de que se están cometiendo posibles ilícitos para los que el INE no tiene competencia de investigación: como malversación de recursos públicos, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, pero garantizó que la autoridad electoral ejercerá a cabalidad sus atribuciones fiscalizadoras, a fin de asegurar a la ciudadanía que quienes están compitiendo por un cargo de representación lo hagan con equidad, trasparencia y utilizando exclusivamente los recursos de fuentes permitidas por la ley.
Al acreditar la participación de servidores públicos en labores que consistieron en la captación de apoyos ciudadanos en días y horas laborales, el Consejo General dio vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, por la probable comisión de un ilícito.
Es Margarita Zavala candidata no registrada
Al determinar la imposibilidad material de reimprimir las boletas electorales de la elección presidencial y demás documentación electoral, el Consejo General estableció los efectos jurídicos de los votos que se emitan en favor de la candidatura cancelada de Margarita Zavala, tales como los de una candidata no registrada y, por lo tanto, inválidos.
En este sentido, el Consejero Presidente del INE consideró “materialmente imposible reimprimir las boletas para la elección presidencial”, sin afectar la certeza de diversas actividades posteriores e indispensables para garantizar el proceso electoral.
Insistió en que el estatus jurídico de la ex candidata es como candidata no registrada y, por lo tanto, cualquier voto que se emita en su favor, sea en el recuadro que inevitablemente aparecerá con su nombre en la boleta o en el espacio en blanco para un candidato no registrado, será inválido.
El Consejo General aprobó por otra parte las solicitudes de sustitución de candidaturas a Senadurías y Diputaciones por ambos principios, presentadas por los diversos partidos políticos nacionales y coaliciones. Y, finalmente, recibió el informe sobre las encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales, que en el reporte del 12 de abril al 16 de mayo detectó un total de 717 publicaciones.
En otro punto del orden del día, la autoridad electoral dio a conocer que, en los 56 días transcurridos en la etapa de campaña para la elección a la Presidencia de la República, Senadurías y Diputaciones Federales, los aspirantes reportaron ingresos por mil 69 millones 243 mil 278 pesos y gastos por 982 millones 91 mil 229 pesos.
Por lo que se refiere a las cinco candidaturas a la Presidencia de la República, se informó que reportan tres mil 293 operaciones, con ingresos por 388 millones 162 mil 157 pesos y gastos por 388 millones 807 mil 214 pesos.
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