Víctimas en contra de que Ejército cuente con una ley “que les faculte para seguir violando derechos humanos de manera legal”.
· Ley de Seguridad Interior es un riesgo para los ciudadanos, porque las labores del Ejército en las calles se están saliendo de control: Sobreviviente de tortura en zona Naval
· El regreso gradual del Ejército a los cuárteles, requiere de profesionalizar a las fuerzas policiales: Senador Mario Delgado.
El senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRD, encabezó el Segundo Conversatorio “Ley de Seguridad Interior, Riesgos y Alternativas”, en el cual se escucharon los testimonios de víctimas de personas que familiares fueron desaparecidas y muertos presuntamente por las Fuerzas Armadas.
En su intervención de apertura de los trabajos, el legislador Delgado señaló que en 2006, el ex presidente Felipe Calderón sacó al Ejército a las calles para combatir al crimen organizado, mientras se profesionalizaba a la policía.
Dijo que cualquier discusión legislativa sobre el papel del Ejército en la seguridad pública, debe incluir un plan para su regreso paulatino a los cuárteles; y un requisito fundamental, para lo anterior, es fortalecer y profesionalizar a las fuerzas policiacas civiles del país.
Aprobar la Ley de Seguridad Interior sería rendirse a tener un sistema profesional de policías, a trabajar en la prevención y el fortalecimiento del tejido social; “el Ejército y la policía no son intercambiables”, refirió el senador Delgado Carrillo.
En esta mesa denominada “A diez años: ¡qué hablen las víctimas!”, varias víctimas de violación de derechos humanos se pronunciaron en contra de la iniciativa de ley.
Tita Radilla, habitante de la Costa Grande, Guerrero, denunció la desaparición de su padre Rosendo Radilla “a manos de los militares”, sin que luego de 43 años, se tenga información de lo ocurrido; y dijo estar en contra de que el Ejército cuente con una ley “que les faculte para seguir violando los derechos humanos de manera legal, perpetuando la impunidad que han gozado”.
Claudia Medina Tamariz, habitante de Veracruz, señaló que “es sobreviviente de tortura en una zona naval, por elementos de la Marina Armada de México”; y refirió que la Ley de Seguridad Interior es un riesgo para los ciudadanos, porque las labores del Ejército en las calles se están saliendo de control, y no es viable cederles el mando.
Guadalupe Muñoz, de Jalisco, aseguró que “la desaparición forzada de su hermano fue orquestada por el Ejército Mexicano”, por lo cual, advirtió que de aprobarse la Ley de Seguridad Interior, representaría darle una carta abierta a las Fuerzas Armadas, para que cometan abusos contra los derechos fundamentales de las personas.
Al exponer su testimonio, Cinthia Salazar Castillo, de Tamaulipas, señaló “que dos de sus hijos fueron asesinados por miembros del Ejército, cuando transitaban por un retén”, y denunció que hasta la fecha no hay culpables detenidos, por ello, “los militares no pueden estar en las calles”.
Yolanda Morán, de Coahuila, manifestó que el Ejército no está capacitado para brindar seguridad en las calles, ni investigación criminal, “no saben desempeñar esas labores”, y entre más militares vemos, es “más evidente el fracaso del Ejército en temas y tareas de seguridad pública”. Asegura que “su hijo fue desaparecido, por militares”.
En las mesas de trabajo, también participaron, el senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD, Martha Tagle Martínez; así como Santiago Aguirre, del Centro Prodh; Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan; y Mónica Ayala, de México Evalúa, entre otros.
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