martes, 20 de noviembre de 2018


Propone Moreno Valle prohibir subcontratación bajo el esquema de outsourcing
· Fomenta la violación de los derechos laborales de los trabajadores.
· A pesar de los ahorros presupuestales, debemos ser respetuosos con los derechos laborales y garantizar seguridad social, dice.
A fin de prohibir la subcontratación de personal bajo el esquema de outsourcing y honorarios en la Cámara de Senadores y Diputados, reconocer y garantizar los derechos laborales, la protección del salario y acceso a la seguridad social, los senadores Rafael Moreno Valle y Mario Zamora Gastélum, plantearon cambios a la Ley Orgánica del Congreso.
Así, los contratos del personal deberán darse bajo esquemas laborales establecidos en la Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional y demás normas aplicables en la materia, señala la iniciativa.
El senador Moreno Valle dijo que al término de la LXIII Legislatura, a junio de 2018, se celebraron mil 405 contratos de prestadores de servicios profesionales quienes laboraron en áreas legislativas; es decir, en oficinas de senadores y comisiones.
De igual forma, personal de apoyo y servicios parlamentarios y administrativos, órganos técnicos y del Canal del Congreso, fueron celebrados un total de 389 contratos de prestadores de servicios profesionales, dijo el senador del PAN.
La iniciativa refiere que de acuerdo con el portal de transparencia de la Cámara de Diputados, en 2017 había 3 mil 128 trabajadores contratados por régimen de honorarios, y 2 mil 899 trabajadores de base y confianza.
Mario Zamora eliminar el outsourcing como esquema de contratación en instituciones públicas
· Fomenta la violación de los derechos laborales de los trabajadores.
Por su parte Mario Zamora refirió que con la finalidad de establecer las bases jurídicas que permitan el respeto a los derechos de las y los trabajadores de dependencias y entidades públicas, el senador Mario Zamora Gastélum planteó eliminar el esquema de subcontratación de personal.
Al presentar una iniciativa que modifica el artículo 3 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, explicó que en México esa práctica laboral carece de reglas, toda vez que no se establece una responsabilidad solidaria entre la empresa contratista y el empleado.
El legislador del PRI dijo que la volatilidad económica ha propiciado que las empresas y los Poderes de la Unión, opten por la contratación de personal vía “outsourcing” o subcontratación, pues les permite solventar sus obligaciones en los mínimos exigidos por las leyes.
Lo anterior, abundó, les permite ahorrar tiempo y dinero a costa de los derechos de las y los trabajadores de este país y se convierte en un incentivo para la violación de los derechos laborales.
Refirió que según el Censo Económico 2014 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la subcontratación de personal vía “outsourcing” se incrementó en 3 por ciento de 2008 a 2013
En tanto, dijo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del segundo trimestre de 2018 reflejó que todas las modalidades de empleo informal sumaron 30.5 millones de personas, lo que significa un “panorama negativo en materia laboral”.
El principal derecho que vulnera el “outsourcing” es el de la estabilidad en el empleo, pues expone al trabajador a toda clase de actos de discriminación, abusos y riesgos. Además, facilita a los patrones realizar despidos injustificados e incumplir sus obligaciones en perjuicio del derecho humano a la seguridad social y la vivienda, recalcó el legislador.
Afirmó que la subcontratación en la administración pública y en el Senado de la República vulnera los derechos laborales de las y los trabajadores, los cuales son inherentes por el sólo hecho de ser personas y trabajar, como ya lo manifestó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Zamora Gastélum recordó que esas garantías se encuentran establecidos en el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre seguridad social, por lo que “hacemos un llamado a los legisladores y a la nueva administración a que respetemos y hagamos valer este instrumento internacional”.




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